MSc. Victor Santico Coats. Profesor. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana
Correo electrónico: santicovictor@yahoo.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3378-2809

Dr. C. Eduardo Ribot Guzmán, Profesor Titular. Institución: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba
Correo electrónico: eribotguzman1960@gmail.com, eduardorg@ucpejv.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2016-2731

Dr. C. Ana Ribot Guzmán, Profesor Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad Victoria de Girón, La Habana, Cuba
Correo electrónico: anaribotguzman@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9954-5128

Recibido: junio 2026                               Aprobado: agosto 2026

Introducción

La educación cívica y moral es un tema de importancia capital para la formación teórica, práctica y política de los ciudadanos, pues favorece, en el ciudadano, la comprensión y puesta en práctica de sus derechos y deberes, como individuo consciente de su responsabilidad en la construcción de una sociedad democrática y participativa (López et al., 2024; Hurtado et al., 2025). Ha sido parte integral del sistema educativo dominicano desde sus inicios, recibiendo diferentes denominaciones y enfoques a lo largo del tiempo. Su enseñanza ha estado vinculada a la formación religiosa y a la urbanidad, con fluctuaciones en su presencia curricular, especialmente desde los años noventa del siglo XX, siguiendo la tendencia latinoamericana de influencia escolástica y religiosa. Esta tendencia latinoamericana ha sido analizada en estudios recientes que evidencian una influencia condicionada de la formación ciudadana en valores sobre el desarrollo ético profesional, con predominio de enfoques teóricos sobre los prácticos (Loayza y Puma, 2026).

A lo largo de la historia de la República Dominicana, la educación moral y cívica ha experimentado fluctuaciones en la dimensión normativa, conceptual y pedagógica, adaptándose a los cambios sociales, políticos y educativos. La década de los 90, por ejemplo, marcó una etapa de exclusión curricular y, posteriormente, de intentos de reintegración insuficientemente sistemáticos (Moquete, 2023; Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología [CONESCYT],  2023).

A pesar de la obligatoriedad constitucional reciente, la debilidad en la formación docente en ética y ciudadanía persiste y afecta la implementación efectiva en la escuela secundaria. Esta debilidad no es exclusiva de la República Dominicana, sino que se inscribe en una problemática regional más amplia, pues recientes en América Latina evidencian dificultades similares en el desarrollo de competencias ciudadanas en contextos de formación profesional (Gil et al., 2025).

El escaso enfoque en valores y ciudadanía impide consolidar una cultura educativa orientada al desarrollo integral y democrático (Toribio, 2024; Santos, 2025).La educación moral y cívica, a partir de los años 90 del siglo XX, inició un proceso de desaparición del ámbito escolar, en el caso de la Republica Dominicana, con el Plan Decenal 1992-2002, en principio, se excluyó, fue retomada en el año 1999 y excluida de nuevo en el año 2014. Con la formación religiosa, no ocurrió lo mismo, ya que la estructura curricular se amplió a todos los niveles y grados.

En la estructura curricular de la formación inicial de docentes, en la Republica Dominicana, existe una débil formación en esta área, lo que dificulta su enseñanza de manera efectiva en el nivel secundario, en el cual la asignatura generalmente se utiliza para completar la carga académica del docente, por lo que el docente no siempre le concede la importancia requerida, y en el caso de la formación humana y religiosa, pese a estar reglamentados los contenidos a tratar, por lo regular se asigna a religiosos, que se apartan del programa de la asignatura, concentrándose en el estudio de la Biblia, según la orientación religiosa del docente.

En correspondencia con lo expresado, se identificó como problema de investigación que, a pesar de que en la Constitución de la República Dominicana (2024) se establece la formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, desde el conocimiento de la Constitución, y su educación en valores y en los principios de convivencia pacífica, aspectos ya consignados en la Resolución 01-2023 del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT); en los planes de estudios de la Escuela de Formación Docente para la Educación Infantil y Básica, no se reflejan suficientemente los contenidos de la educación cívica y moral (UASD, 2025).

La educación moral, según López et al. (2024), constituye:

un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. Sobre tales valores fundamentales se forman las actitudes y las acciones que son propias de las comunidades seguras, saludables e informadas que sirven como los cimientos de nuestra sociedad (p. 4).

La ética, entendida como ciencia que estudia la conducta moral (Ronquillo, 2018), y la moral, como el sistema de valores compartidos en una comunidad (Moquete, 2023), constituyen fundamentos esenciales para la formación ciudadana, para lo cual es necesario considerar la educación cívica. En el desarrollo de este trabajo se asume lo planteado por Hurtado et al. (2025), quien expresa que

La formación ciudadana es el proceso de enseñanza que orienta y explica al respeto del sistema social en el que cada persona interactúa de una u otra manera, permitiendo contribuir para enriquecer la comunidad y la propia experiencia, entendiendo el marco legal y las normas de convivencia planteando responsabilidades y derechos, así como los modelos de gobierno y el orden institucional. (p. 10)

En esta definición, Hurtado et al. (2025) resalta la necesidad de conocer la realidad social, los derechos y los deberes, estimula a respetar el orden democrático y participar activamente en ese proceso; además, está en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República Dominicana (2024) y con lo referente a la competencia ética y ciudadana, planteada en el perfil del docente dominicano.

A partir de este panorama, y dada la relevancia de la educación moral y cívica en la formación de ciudadanos autónomos, responsables y respetuosos de las normas sociales, que contribuyan a la convivencia pacífica y al desarrollo democrático, el presente artículo tiene como objetivo: Fundamentar los referentes históricos y conceptuales que han condicionado la educación moral y cívica en la educación formal dominicana, como herramienta para el fortalecimiento de la conciencia ciudadana.

Materiales y métodos

En la investigación se realizó un estudio cualitativo, de alcance descriptivo y explicativo, con un diseño no experimental. En su desarrollo se emplearon métodos teóricos como el análisis histórico-lógico, el análisis documental, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo en la fundamentación de los referentes de la evolución de la educación moral y cívica en la educación formal dominicana, como herramienta para el desarrollo de la conciencia ciudadana, centrados en el examen de normativas educativas dominicanas, documentos históricos y literatura académica para identificar las etapas y transformaciones de la educación moral y cívica en la República Dominicana.  

El método de análisis histórico-lógico permitió explorar cómo ha evolucionado la enseñanza de la educación cívica y moral en la educación formal en la República Dominicana, desde la independencia hasta el presente, con énfasis en la formación inicial de docentes del nivel básico y la inserción curricular de la disciplina. El método analítico-sintético se empleó en el estudio de los fundamentos teóricos de la educación cívica en la formación inicial de los docentes del nivel básico o primario, con un enfoque ético, axiológico y moral.

El método inductivo-deductivo permitió identificar patrones, tendencias y rupturas en la evolución de la educación moral y cívica en la República Dominicana; mientras que el análisis documental facilitó la identificación de los enfoques teóricos, legales y prácticos en la formación ciudadana dominicana´. El empleo de estos métodos de investigación permitió establecer inferencias y generalizaciones acerca de la educación cívica en la formación inicial de docentes de la educación básica.

Además, se utilizó la triangulación de fuentes para asegurar el rigor y validez de la información que se presenta en este artículo como resultado de la investigación desarrollada por los autores.

Resultados

El estudio realizado permitió identificar cinco etapas clave en la evolución de la educación moral y cívica en la República Dominicana, las cuales se distinguen, a partir de las precisiones que presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Etapas la evolución de la educación moral y cívica en la República Dominicana

Fuente: Elaboración personal

En cada una de las cinco etapas identificadas, se precisaron hechos significativos que, a su juicio autoral, constituyen rasgos distintivos en la evolución de la educación moral y cívica en la República Dominicana:

I. Primera etapa (1844-1899)

• Desde el proceso de gestación de la independencia de la República Dominicana se enfatizó en los aspectos que, referentes a la moral y cívica, debían caracterizar la sociedad dominicana, los cuales se fueron incorporando paulatinamente en la constitución del país.
• 1845: Con la promulgación de la primera Ley de Instrucción y su Reglamento, se establecieron la urbanidad y la decencia como complementos de la educación religiosa en el currículo escolar, además se resalta la función de los maestros en este sentido.

A partir de la primera legislación educativa, en 1845, la educación moral y cívica ha recibido diversas denominaciones: “Principios de urbanidad y decencia”, “Moral cristiana”, “Moral social, urbanidad y deberes sociales”, “Rudimentos de moral, educación cívica y economía política”, hasta la denominación actual de “Educación moral y cívica”, en esta etapa y las posteriores.

• Finales del siglo XIX: Mediante la Ley de 1879 y la reforma de 1895, se institucionalizó en las escuelas normales la enseñanza de "Nociones de moral social" y "Urbanidad y deberes sociales".

II. Segunda etapa (1900-1950)

• Primeras décadas del siglo XX: Se introdujeron rudimentos de moral, instrucción cívica y de urbanidad en la educación primaria, enfocándose en la socialización básica para la vida en comunidad, en un contexto aún marcado por la influencia religiosa y por ideales de civismo liberal.

III. Tercera etapa (1950-1980)

• 1950: Con la Ordenanza 842-50 se introdujo la "Educación cívica y economía política", estableciendo conexiones entre formación ética y comprensión de la vida pública y económica.
• 1980: Se produjo un cambio a "Moral social", como denominación de la asignatura, enfocándose más explícitamente en los valores comunitarios y la formación para la vida democrática.

IV. Cuarta etapa (1990-2014)

• Ocurrieron fluctuaciones continuas en la presencia de la Educación Moral y Cívica, la cual fue excluida del currículo en la década de 1990, a partir de lo dispuesto en la Ordenanza 1-95, pero fue reintroducida temporalmente en 1999 con la Ordenanza 3-99.
• La Educación Moral y Cívica fue suprimida definitivamente en 2014, a pesar del fortalecimiento de la educación religiosa, lo que marca una debilidad en la visión integral de la formación ciudadana.
• Formación docente: La revisión de planes de formación inicial docente (años 2000s en adelante) muestra insuficiencia en contenidos de educación moral y cívica.

V. Quinta etapa (2015-presente)

• La Constitución Dominicana de 2015 (Artículo 63) reconoció la obligatoriedad de la instrucción cívica, ética y ciudadana en todo el sistema educativo y la Resolución 01-2023 del CONESCYT (2023) ratificó estos compromisos, pero la práctica educativa evidencia una limitada implementación y ausencia de estrategias docentes consolidadas, tanto en la educación básica como en la formación docente.
• La revisión de los programas de formación inicial de docentes muestra insuficiencia en contenidos de educación cívica y moral, tanto en el nivel de educación básica como en la formación de docentes.
• Iniciativas como “Cátedras Ciudadanas” no han logrado un impacto significativo, debido a la insuficiente capacitación y sistematicidad en la formación docente.
• Estudios y encuestas nacionales realizadas en esta etapa, indican que los estudiantes presentan vacíos en conocimientos constitucionales, derechos humanos y valores democráticos, lo que incide en su limitada participación ciudadana y la escasa interiorización de las normas de convivencia.
• Hito normativo fundamental de la etapa: La aprobación de la Ordenanza 02-2025 por el Consejo Nacional de Educación, en la que se dispone la incorporación explícita de la asignatura 'Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana  en el currículo nacional, correspondiente a todos los niveles del sistema educativo preuniversitario, tanto público como privado, a partir del año escolar 2025-2026. La asignatura debe integrarse transversalmente con Ciencias Sociales y con un enfoque por competencias. El Ministerio de Educación elaboró una guía de orientación docente y una guía de aprendizaje para el estudiantado, con actividades que fomentan la comprensión, el pensamiento crítico, la investigación y el aprendizaje autónomo.

Estos hallazgos evidencian una tendencia continua a la inestabilidad curricular y debilidad en la formación docente en el área de educación moral y cívica, a pesar de las demandas legales y sociales contemporáneas, lo que ha afectado la calidad y la percepción de su significación en la formación ciudadana.

Discusión

La educación moral y cívica en la República Dominicana representa una dimensión fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos, responsables y conscientes de sus derechos y deberes en un sistema democrático. El análisis histórico realizado corrobora que desde el surgimiento de la República en 1844, la educación moral y cívica ha atravesado etapas marcadas por cambios conceptuales, políticos y pedagógicos, que impactan la continuidad y la calidad de su implementación en el sistema educativo dominicano. Los ideales de urbanidad, patriotismo, libertad y justicia han estado reflejados en la legislación y el currículo. 

En los primeros años, posteriores a la independencia, la enseñanza moral estuvo estrechamente ligada a la Iglesia Católica, que ejerció una influencia preponderante tanto en la sociedad como en la educación formal. Las escuelas, en su mayoría, eran religiosas y fundamentaban la educación moral en los principios católicos, de ahí que la enseñanza de los valores estuvo profundamente vinculada a estos principios. Esta situación perduró en el sistema educativo dominicano, donde la religión católica marcó no solo la ética social sino también el currículo explícito de las escuelas normativas y primarias. Sin embargo, los procesos de secularización y las reformas curriculares del siglo XX intentaron transitar hacia una concepción laica, plural y menos dogmática, abriendo espacios para el enfoque de derechos y la formación para la vida democrática (Toribio, 2024), estos esfuerzos se articulan con una tendencia dominicana donde el currículo ha sido analizado desde una perspectiva constructivista que enfatiza la formación en valores, la convivencia democrática y la responsabilidad social (Belén, 2025).

Un hito significativo en la historia educativa dominicana, estuvo marcado por Eugenio María de Hostos, de quien se afirma que su labor reformista, en la segunda mitad del siglo XIX, marcó un antes y un después para la formación docente y la incorporación de la educación moral en el currículo. Incorporó no solo la ética, sino también nociones de derecho y sociología, lo que proporcionó una mirada más profunda de la educación moral. De igual modo, destaca que promovió la educación de valores morales, a partir de la formación inicial de maestros especializados en estas áreas. (Santos, 2025)

Según la revisión histórica y documental, el texto constitucional dominicano siempre ha incorporado fundamentos éticos que respondían a las expectativas de convivencia democrática; sin embargo, se identifican inestabilidades en la sistematización de estos contenidos curriculares y su enseñanza efectiva, lo que también se revela en contextos latinoamericanos con tradiciones similares (Hurtado et al., 2025).

La Ley General de Educación 66-97, de la República Dominicana, aprobada en la Cámara de Diputados el 04 de febrero de 1997, en la Cámara del Senado el 12 de marzo de 1997 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 09 de abril de 1997, en su Artículo 5, establece los fines siguientes:

• Formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo;
• Formar ciudadanos amantes de su familia y de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana;
• Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres;
• Crear y fortalecer una conciencia de identidad de valoración e integración nacional, en un marco de convivencia internacional, enalteciendo los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando la paz universal con base en el reconocimiento y respeto de los derechos de las naciones;
• Formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos y trascendentes: intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos;
• Formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad productiva nacional basada en la eficiencia y en la justicia social (Ley General de Educación 66-97, 1997, p. 3).

La Ley expresa los criterios de un individuo amante de la convivencia democrática y la vida pacífica, lo que contrasta con la eliminación de la educación moral y cívica del currículo vigente en ese momento. De acuerdo con la ordenanza 1-95 y la Ley General de Educación 66-97, la educación moral y cívica, debe ser enseñada de manera transversal.

La Ordenanza 3-99, del 28 de mayo de 1999, modificó la Ordenanza 1-95 en sus artículos 19, 23 y 24, para incluir nuevamente la educación moral y cívica en los planes de estudios de la educación media, incorporándola en todos los grados; además, establece que, en el nivel básico, está integrada a las Ciencias Sociales. Sin embargo, no se registra la existencia de un proceso de capacitación para los recursos humanos que debían incorporarla en su práctica educativa, lo que significó que fuera utilizada para completar la carga académica de los docentes.

El documento Bases de la Revisión y Actualización Curricular del año 2014 (MINERD, 2014) establece la necesidad de incrementar los esfuerzos para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, refiriéndose a la

… formación ciudadana y cívica y al respeto, asume la Competencia Ética y Ciudadana, para formar una ciudadanía responsable, tolerante y solidaria que contribuya al propósito de la igualdad y equidad de género a crear espacios sociales de bienestar y convivencia pacífica entre todas las personas de una comunidad… (MINERD, 2014, p. 22)

La Constitución de la República Dominicana (2015), en su Artículo 63, inciso 13, dispuso que:

Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica … (p. 36)

Como resultado del interés del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT) aprobó la Resolución No. 19-2023, del 27 de julio del 2023, en la que dispone el cumplimiento del texto constitucional y establece la enseñanza de la Constitución en las instituciones de educación superior (IES), pero no establece, de manera clara, la forma de implementación y, por ende, la normativa no se ha reflejado plenamente en la consolidación curricular ni en la formación docente continua, lo que es necesario para su adecuada implementación (MINERD, 2014; Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 2023).

En cuanto a la definición de formación docente, los autores de este trabajo se adscriben a la que aporta la Resolución 01-2023 del CONESCYT (2023), documento en que se afirma que:

es el proceso sistemático, integral, continuo mediante el cual los futuros docentes y profesionales de la educación desarrollan competencias científicas, sociales y pedagógicas, que habilitan para realizar una práctica educativa innovadora, de calidad y con equidad, coherente con los enfoques sociopedagógicos actuales a fin de que incida en las transformaciones sociales y culturales que demanda la República Dominicana, en el contexto regional y mundial. (p. 5)

Además, en la Resolución 01-2023 del CONESCYT (2023) se reconoce la obligatoriedad de la educación cívica y moral en todos los niveles educativos, lo que se corresponde con lo expresado en el Artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana (2015).

A pesar de estas tendencias, los avances en el plano de las legislaciones no se consideran suficientes para transformar la práctica educativa. Factores como la débil formación inicial, la falta de materiales didácticos adecuados y la escasa capacitación continua de los docentes repercuten negativamente en la consolidación de la formación ciudadana (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2022; UASD, 2025). En este sentido, con datos del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) se ha demostrado que, en países como República Dominicana, la apertura al debate en el aula se asocia positivamente con los niveles de conocimiento cívico, lo que refuerza la importancia de fortalecer las prácticas pedagógicas democráticas (Gómez & Suárez, 2023).

La ausencia de una estructura curricular consolidada y la debilidad en la formación docente limitan la concreción de los objetivos propuestos en términos de formación ciudadana, situación agravada por enfoques transversales poco articulados e iniciativas poco sistemáticas como las “Cátedras Ciudadanas”.

En agosto del año 2021, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por medio de su Dirección de Currículo, presentó un recurso de apoyo a la educación moral y cívica, el cual denominaron “Cátedras Ciudadanas”, un programa transversal de desarrollo del currículo para la formación integral del estudiante que se vincula al nuevo modelo educativo, “Educación para vivir mejor”.

El propósito de este recurso es contribuir a la formación integral mediante el fortalecimiento de la identidad y el sano orgullo nacional; el cultivo del aprecio y disfrute de la cultura científica, patrimonial y universal, haciendo de ellos ciudadanos cívicos, respetuosos de las normas sustantivas y formales más elevadas de la vida en sociedad, regidos por los más altos valores legados los próceres y patriotas que han construido la nación dominicana; y con la capacidad intelectual para emitir juicios bien fundamentados sobre su propio accionar y el de los demás ciudadanos. Este proyecto no obtuvo los resultados esperados.

La creación de las “Cátedras Ciudadanas” ha mostrado limitaciones significativas; aunque surgieron como iniciativa para reforzar los valores democráticos y la conciencia cívica, carecen de un diseño pedagógico sólido y de capacitación especializada para los docentes (Ministerio de Educación, 2021). En conformidad a lo expresado, investigaciones recientes en el contexto dominicano han analizado la implementación y el enfoque de las Cátedras Ciudadanas, evidenciando que, si bien contribuyen a la formación integral de niños y adolescentes, su impacto depende de una adecuada articulación con el currículo y de la capacitación docente (Contreras et al., 2023).

Esta brecha entre lo legal y las prácticas pedagógicas también se presenta en otras naciones latinoamericanas, donde la educación cívica fluctúa entre un enfoque normativo poco contextualizado y la falta de continuidad institucional (Hurtado et al., 2025). En comparación con investigaciones similares de la región, se percibe que la fluctuación y la falta de continuidad en la educación moral y cívica inciden en la insuficiente conciencia y responsabilidad ciudadanas.

En la última década, diversos organismos y estudios han advertido sobre los déficits en la educación moral y ciudadana. Por ejemplo, el Informe sobre Competencias Ciudadanas en América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021) reporta bajos niveles de asimilación de valores constitucionales entre jóvenes dominicanos, junto a actitudes de indiferencia o desconfianza hacia instituciones públicas. Por otra parte, el Ministerio de Educación de la República Dominicana reconoció en su Diagnóstico Nacional de Formación Docente (MINERD, 2022) que la educación cívica y ética apenas alcanza el 30% de cobertura estructurada en los programas de formación inicial.

La evolución de la educación moral y cívica en la República Dominicana revela una trayectoria discontinua, con momentos de divergencias entre las aspiraciones formativas, desde el marco legal y la realidad institucional, y la realidad existente, pues aunque el marco legal ha incorporado con claridad la centralidad de la dimensión cívica en la formación ciudadana, la práctica educativa no siempre ha sido consecuente desde el currículo de las instituciones educativas, fenómeno compartido con otros países de la región latinoamericana (UNESCO, 2021; Moquete, 2023).

La promulgación de la Constitución de la República Dominicana en 2024 constituye la reafirmación más reciente del precepto constitucional en materia educativa. Este nuevo texto constitucional mantiene y refuerza el contenido del Artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana de 2015, estableciendo explícitamente la obligatoriedad de la instrucción en formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución y los principios de convivencia pacífica en todas las instituciones educativas (Constitución de la República Dominicana, 2024). Esto adquiere relevancia en el contexto actual, alineándose con la aprobación de la Ordenanza 02-2025 que reintroduce la asignatura de Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el currículo nacional a partir del año escolar 2025-2026 (Consejo Nacional de Educación [CNE], 2025).

La convergencia entre el mandato constitucional de 2024 y la nueva normativa curricular constituye un hito histórico que, por primera vez en décadas, alinea el más alto nivel del ordenamiento jurídico con una política educativa concreta para la formación ciudadana, superando así la brecha histórica entre las aspiraciones legales y la práctica educativa (Constitución de la República Dominicana, 2024; MINERD, 2025; Presidencia de la República Dominicana, 2025)..

Sin embargo, como advierten López et al. (2024), la mera existencia de un marco legal no garantiza la transformación de las prácticas pedagógicas. El éxito de esta ordenanza dependerá de la capacidad del sistema educativo para superar las debilidades estructurales en la formación docente, garantizar la capacitación especializada de los docentes responsables de impartir la asignatura y asegurar la disponibilidad de materiales didácticos adecuados y contextualizados.

Al respecto, se coincide con lo planteado por Anaya et al. (2023), quienes sostienen que la formación ciudadana es un proceso que se desarrolla en la escuela, dirigido por los docentes, pero intervienen otros agentes socializadores como la familia, la comunidad y las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles. Destacan, además, la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la sociedad en general. Es decir, que, en la formación ciudadana, que viene a ser un complemento de la educación moral y cívica, es necesario que participen todos los sectores que intervienen en la sociedad.

Precisamente, al referirse a la educación ciudadana, Chacón (2025) afirma

… constituye un elemento esencial de la naturaleza social y la finalidad de la educación multifacética e integral de la personalidad, sobre la base de una cultura científico, tecnológica, humanista y medioambientalista, que garantiza desde el ámbito escolar, la familia y los factores de la comunidad, los modos de actuación ciudadanos a favor de un desarrollo sostenible… (p. 7)

En este sentido, la literatura internacional coincide en que las políticas exitosas de educación cívica y moral no solo deben responder a marcos legales, sino incluir acciones concretas como la formación de equipos pedagógicos especializados, la actualización permanente de los contenidos, la integración de metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos, debates) y la promoción de entornos escolares democráticos, participativos y respetuosos de la diversidad (Ronquillo, 2018; Hernández, 2020; López et al., 2024; Hurtado et al., 2025).

Este estudio se basa principalmente en el análisis documental y no contempla datos empíricos directos sobre prácticas docentes o resultados de aprendizaje en estudiantes, lo que constituye una limitación, de ahí que se considere evaluar la aplicación de enfoques mixtos que integren la participación de los agentes educativos y de los estudiantes en estudios posteriores, así como, el impacto de nuevas políticas y estrategias de implementación, orientadas a:

• La consolidación de un currículo coherente y sistemático para todos los niveles.
• El fortalecimiento de la formación inicial y continua del profesorado en educación moral y cívica; a partir de la revisión y el fortalecimiento del sistema de objetivos y de contenidos de educación moral, ética y cívica en la formación inicial de docentes.
• Garantizar la obligatoriedad y sistematicidad de la asignatura Educación moral y cívica como eje transversal e interdisciplinario.
• Promover la utilización de metodologías activas, participativas y un enfoque crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo un cercamiento entre la teoría y la práctica social cotidiana.
• Desarrollar programas de superación que favorezcan la formación continua en ética, ciudadanía y derechos humanos de los docentes en ejercicio.
• El control y la evaluación del impacto de la educación moral y cívica en la educación para la vida ciudadana.

Las consideraciones presentadas en este artículo permiten afirmar que la implementación efectiva de la educación moral y cívica requiere un enfoque sistémico, que articule la formación inicial y continua de los docentes, la transversalización curricular, la participación comunitaria y la evaluación formativa orientada a valores y competencias que demanda la sociedad.

Referencias bibliográficas